Un poco tarde, pero ha llegado a mí el siguiente libro que quiero comentar. Se puede leer por completo en http://www.iwgia.org/sw40386.asp

                                                             El día 08 de mayo del 2009 una pequeña comisión de representantes de ORPIAN, Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte, base de AIDESEP, llega a Santa María de Nieva y mantiene conversaciones con distintos dirigentes y líderes de organizaciones y comunidades del distrito, buscando se sumen a la movilización de otros ciudadanos awajún[1]      -en gran parte del distrito del Cenepa- que desde el 9 de Abril se mantienen a puertas de la ciudad de Bagua protestando contra decretos legislativos que regulan el uso de la tierra y recursos naturales de los pueblos indígenas, emitidos por el gobierno dentro de un paquete amplio de medidas para la adecuación de la legislación peruana al TLC con los EE.UU. Al día siguiente la comitiva parte a Puerto Galilea, capital del distrito de Río Santiago, donde sostiene una reunión similar que tampoco da fruto; los dirigentes se retiran a su comunidad a descansar el fin de semana.  El lunes 10 en Bagua, en un intento de recuperación del puente Corral Quemado, la policía acorrala a los manifestantes, dispara al aire y lanza gases lacrimógenos, la información que circula entre Nieva y el Santiago es que hay un muerto, tres desaparecidos y la dirigencia está detenida, se señala el muerto es del Cenepa[2]. Esta información, junto a la circulación de un comunicado de apoyo a la protesta firmado por autoridades distritales y provinciales desde exilio en Bagua o Chachapoyas tras un accidentado intento de negociar el levantamiento de barricadas[3], precipitan la movilización de decenas de cientos de comuneros hacia la capital Santa María de Nieva, y de allí a incrementar el contingente en Bagua y la Estación Nº 6.

El hecho es interesante, pasado un mes de protesta AIDESEP no ha logrado la convocatoria del 2008, sus bases resienten la desorganización del nivel central y cuestionan su manejo político y financiero; la población de los distritos de Santa María de Nieva y Río Santiago asistirán tan sólo a la segunda mitad de la protesta luego de obtener evidencia de acuerdo general de sus dirigentes y en respuesta a lo que se entiende como violencia ejercida contra su pueblo, y no tanto en respaldo a su dirigencia nacional.

Pero la población del Cenepa estuvo desde el inicio ¿Qué los convirtió en avanzada de esta movilización y qué los volvió el catalizador capaz de reunir las preocupaciones del conjunto de los pueblos awajún -  wampís? ODECOFROC (Organización del Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa), organización base de los awajún del distrito, con el apoyo de IWGIA (International World Group for Indigenous Affairs) ha editado una Crónica de un Engaño, revelador documento científico para la denuncia, en tanto sustenta la afirmación del Informe en Minoría de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua, según la cual: “…es notorio que el recorte del Parque Nacional Ichigkat Muja, formalizado en agosto del 2007, y la concesión del Lote 116 constituyen elementos importantes en la motivación de las comunidades Awajún y Wampis para participar en el paro…”[4].

La historia es la siguiente[5], tras el último conflicto Perú – Ecuador se firman los acuerdos de paz de 1995, donde se establece el compromiso de construir una zona de protección ecológica de acuerdo al punto vinculante Nº 7 emitido por los presidentes de los cuatro países garantes del protocolo: Argentina, Brasil, Chile y EE.UU. La idea había nacido al interior de entidades conservacionistas desde el inicio de la década del noventa y más tarde fue propuesta por diferentes voces como solución al conflicto. El segundo semestre de 1997 la cancillería invita a las organizaciones indígenas a una reunión en Torre Tagle para exponer esta propuesta, a partir de ello las organizaciones indígenas ajustan sus demandas de seguridad jurídica. En 1999  se decreta la Zona Reservada Santiago - Comaina[6], las organizaciones acuerdan frente al INRENA y el PETT que una precondición para culminar la categorización será la ampliación y titulación de comunidades. A partir del 2002 INRENA con el apoyo de CI (Conservación Internacional) impulsan un proceso participativo de categorización, en el que se establece que los límites del futuro Parque Nacional Cordillera del Cóndor Ichigkat Muja[7], están fuera del territorio usado por los ancestros. La zona a delimitar es considerada históricamente como reserva por los indígenas, pues la integran espacios como el cerro Kumpanam, donde habitan cinco Tijai o dueños de los cerros que cuidan las aguas, nubes, los animales y las plantas, visión del espacio que constituye una increíble oportunidad de encuentro con la posición conservacionista, misma que descubre registros “notables” de diversidad biológica en la zona, sea por la rareza de las especies halladas o ser especies nuevas, por la amplitud del rango, el estar amenazadas o por la importancia para la conservación. La cordillera del Cóndor es un gigante frágil en cuyas alturas se encuentran nubes perpetuas y suelos efímeros, este contexto y su diversidad de vegetación producen el agua de los ríos Numpatkeim, Comaina y Sawientsa, que alimentan el Cenepa y dan vida a un distrito donde cerca del 100% es población awajún que conserva el idioma y estilo de vida basado en el aprovechamiento tradicional del bosque.

Los primeros indicios de incumplimiento del Estado se registran con el bloqueo y demora de los procesos de titulación y ampliación de comunidades. En el 2001 la compañía minera Afrodita pide autorización para la exploración de 39 concesiones, pero el INRENA declara la incompatibilidad del área con los objetivos de la zona, posición que mantendrá hasta el 2006. Afrodita insiste e inicia una campaña de desprestigio contra INRENA, sus aliados y la política de conservación del Estado, al tiempo que da impulso a una estrategia de cabildeo en diversos ministerios. Finalmente la empresa empieza a perforar sin autorización, según comprueba una visita de campo conjunta del INRENA y la Dirección General Ambiental Minera en 2005.

A fines del 2005 un vergonzoso episodio involucra al Estado; Cancillería, Defensa, MINEM e INRENA se reúnen con el representante de Afrodita, Jorge Bedoya Torrico y conminan en un Acta de fecha 08 de Noviembre del 2005 a INRENA a dar opinión técnica favorable para la operación de minera Afrodita. Después de cinco años y sin cambiar su veredicto sobre los impactos que esta operación tendrá, INRENA, presionado entre otros por comunicaciones personales del propio Jorge Bedoya, da la opinión favorable. Pocos días después Cancillería rechaza la delimitación acordada al parque y Defensa sostiene que el Área Natural Protegida no permitirá defender la frontera. En Agosto del 2007 se crea el Parque Nacional recortándole 69,829 has. donde se ubican las concesiones de Afrodita, dejando sin protección los ríos afluentes del Cenepa.

Aquí, sin embargo, no finaliza esta relación de riñas. Poco después de creada la zona reservada diversas empresas y personas vinculadas a intereses mineros transnacionales con operaciones al otro lado de la frontera (en el frontis de las concesiones de Afrodita), consiguen denuncios que prontamente venden a la empresa canadiense DORATO Resources Inc. a través de su subsidiaria DORATO PERU SAC, quienes además compran las acciones de Afrodita. La constitución peruana prohíbe la explotación a extranjeros o nacionales asociados con extranjeros en la línea de frontera. Por esto en enero de 2009 pobladores de distintas comunidades del Cenepa deciden detener a un grupo de trabajadores de DORATO en la capital del distrito Huampami, comunican su malestar a la presidencia del consejo de ministros y luego los sueltan, suscitando un precedente a las protestas de Bagua. El Estado no frena las actividades y más bien presta servicios a través de los campamentos militares y su equipamiento, dejando que intereses particulares se inmiscuyan en las decisiones de Estado y contravengan los acuerdos de Paz con Ecuador, poniendo en cuestión el papel técnico de la autoridad ambiental y viciando las opiniones de la cancillería al subordinar la seguridad de la frontera y la política conservacionista a intereses mineros.

Como señala el documento de ODECOFROC:  “Con el tiempo se ha hecho evidente que los acuerdos mineros no eran accesorios y los acuerdos de paz habían pasado a ser funcionales a los intereses mineros, tanto peruanos y ecuatorianos como internacionales, interesados en el desarrollo de una minería transfronteriza…[8]” y “El hecho es que la minería transfronteriza crea una situación en la que los intereses nacionales se subordinan a los intereses mineros y entran a tallar intereses transnacionales, contexto en el que los derechos de la población local se ven aceleradamente disminuidos ante la escala de los intereses económicos.”[9].

Cabe señalar que varios estudios sobre la dinámica de conflictividad peruana actual, tanto los referentes a esta última etapa de conflictividad minera como a una previa asentada más en conflictos de gobernabilidad local, enriquecen el poder explicativo del trabajo de ODECOFROC. Por una parte Grompone y Tanaka[10], refiriéndose al periodo correspondiente al gobierno del presidente Alejandro Toledo – exposición que conserva valor en el contexto Cenepa Bagua-, aciertan en subrayar la existencia de marcos cognitivos o sentidos comunes que explican la opción por alguna forma extralegal de reclamo, asentados en una imagen de Estado y actores políticos deslegitimados y de mecanismos institucionales de resolución de conflictos ineficientes. Estos autores señalan además la existencia de un costo de oportunidad (el costo de no actuar en este caso) que impulsa la protesta. Un tercer aporte que nos interesa es el recuento de la presencia de actores diversos no necesariamente locales en todo contexto de movilización. Coincidiendo con esto último, pero preguntándose sobre cómo se generan los significados de los recursos por los cuales se protesta, Anthony Bebbington ha mostrado que estos se ven afectados también por “… redes de gente y organizaciones que son cualquier cosa menos rurales, redes que congregan a actores literalmente de todo el mundo”[11]. Y esto es de nuestro interés porque, agotado el diálogo y los caminos del derecho, tras la desligitimación del Estado (como señalan Grompone y Tanaka en referencia a los marcos cognitivos), ODECOFROC ha presentado una Acción Urgente ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CERD) de la ONU y ha hecho un llamamiento al relator para PP.II. de la ONU, James Anaya. Podemos entender este recurso como lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, pero siguiendo a Bebbington debemos notar que esta lucha pasa por obtener la oportunidad de fijar los significados de sostenibilidad, tierra, territorialidad y finalmente desarrollo. Se trata además de la respuesta frente a un esfuerzo similar por parte de los agentes mineros. Lo que nos interesa para este caso es que el empleo de redes de soporte para la búsqueda del cumplimiento de derechos tiene en la base una lucha por espacios para fijar significados a valiosos y polisémicos capitales en conflicto.

Habiendo llegado a este punto me parece oportuno concluir con un párrafo de fondo perteneciente también a Bebbington y que encuentro especialmente útil por su capacidad de iluminar un problema central de la protesta Cenepa – Bagua, mostrándonos aquello que realmente está en juego: “En una nación existen temas reales –rara vez expresados- sobre quién es más ciudadano y quién lo es menos; quién tiene más que decir, y quién menos. Estas discusiones no sólo se llenan con el clásico argumento acerca de los roles relativos del conocimiento tecnocrático y popular –de hecho esa es la discusión más fácil porque es una cuyo nombre puede ser mencionado-. Los temas más difíciles son aquellos que no son mencionados – acerca de qué grupos étnicos, clases sociales, géneros y grupos raciales tendrán mayor influencia en estos debates; y acerca de cuán justificable es que distintos tipos de actor internacional tengan mayor o menor voz en las discusiones nacionales sobre sostenibilidad-“[12].

[1] Podemos clasificar wampis y awajún como palabras agudas, pero a la fecha ambos pueblos no han resuelto el uso de la tilde, siendo lo convencional no emplearla en el primer caso y sí en el segundo, pauta que seguimos en este texto.

[2] La información a cerca de la muerte resultó finalmente errada.

[3] En el centro poblado de Shushunga, una de las tres barricadas que bloquean la carretera Nieva – Bagua, la comitiva es ishangueada (azotada con ortiga), pintada con achiote y brevemente retenida.

[4] Jesús Manacés Valverde y Carmen Gómez Calleja. Informe en Minoría de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua. Abril del 2010. p. 43. Ver en: http://informebagua-enminoria.blogspot.com/

[5] Esta reconstrucción ha sido elaborado en base al documento de ODECOFROC Crónica de un Engaño…

[6] Las Zonas Reservadas son una figura particular de la política conservacionista peruana. Viene a ser un espacio dentro del cual se discute aún una o varios tipos diferentes de categorización.

[7] Se escoge Parque Nacional por tratarse de la categoría de protección más fuerte de la legislación nacional.

[8] ODECOFROC. Crónica de un Engaño… p. 36.

[9] Ibidem  p. 38.

[10] Romeo Grompone y Martín Tanaka, “Las nuevas relaciones entre protestas sociales y política”. En: Romeo Grompone y Martín Tanaka (eds.), Entre el crecimiento económico y la insatisfacción social. Lima. IEP, 2009, pp 381 – 415.

[11] Anthony Bebbington, “Industrias extractivas, actores sociales y conflictos”. En: Varios, Extractivismo, política y sociedad. Quito: CAAP-CLAES, 2009. P. 149.

[12] Ibidem P. 154